La extracción ilegal de oro en el Alto Putumayo, en la frontera con Colombia, está aumentando alarmantemente. Desde San Antonio del Estrecho hasta Santa Mercedes, se observa un incremento significativo de dragas ilegales operadas, al parecer, con la complicidad de autoridades encargadas de combatir este delito.
Denuncias ciudadanas señalan la presunta connivencia de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Marina de Guerra. Se alega que personal policial de las localidades de Estrecho y Flor de Agosto estaría recibiendo prebendas económicas, en oro o a través de la aplicación Yape, a cambio de permitir la operación de las dragas.
Además, se acusa a oficiales de la estación naval del Estrecho de comercializar el combustible que les asigna su institución de forma mensual, vendiendo a civiles y ellos a su vez expenden a los colombianos y peruanos propietarios de las dragas ilegales. Esta denuncia se sustenta en imágenes que supuestamente muestran a los oficiales en el acto de la venta del combustible.
La situación es crítica. La minería ilegal no solo representa una actividad ilícita que genera ganancias ilegales, sino que también causa un daño ambiental irreparable a la región. La contaminación de ríos y suelos por el mercurio utilizado en el proceso de extracción de oro tiene consecuencias devastadoras para la salud humana y el ecosistema.
Se exige una intervención inmediata y contundente de la Fiscalía y la Policía Nacional especializada en materia ambiental de Loreto, en coordinación con otras instituciones gubernamentales. Se necesitan operativos inopinados para desmantelar las dragas ilegales y sancionar a los responsables, incluyendo a aquellos que, presuntamente, facilitan esta actividad criminal.
La pasividad ante esta problemática no solo permite la depredación de nuestros recursos naturales, sino que también socava la confianza en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y la protección del medio ambiente.
El silencio ante esta situación es una complicidad que debe ser investigada y sancionada con la mayor severidad.
Fuente: Alfa Romero
